La balanza, signo de equidad y de equilibrio

Corrupción, impunidad, doble discurso, soberbia, cinismo y otras tantas linduras más es lo que caracteriza a la impartición de la justicia en México

¿No creen que ya va siendo tiempo de que actúen conforme a la Ley, sin distingos, ni intereses?

La etiología de la balanza de la justicia se encuentra en distintos contextos, siempre con un carácter punitivo y definitorio para el futuro de un ser humano. En algunas culturas, se decía, se usaba para pesar el corazón del implicado y decidir su pena, en otras, se pesaba a la persona para decidir su suerte y en otras, como en la tradición cristiana, se utilizó como símbolo del destino final de las almas para decidir su salvación o su condena (cfr. La balanza de San Miguel).

En el Renacimiento, y esa es la idea que permanece en el ideario general, la justicia comenzó a representarse como una mujer con los ojos vendados, una espada en la mano, utilizando las reminiscencias culturales y con la consabida balanza, signo de equilibrio y equidad. Analogías que convergen en un mismo punto, la balanza como signo de la justicia, inclina para un lado o para el otro la suerte y el destino de un individuo.

El problema en un país como el nuestro, como supongo ya lo está pensando, es saber quién es el que tiene la balanza, con quién tiene compromisos, qué criterios y lineamientos emplea para su uso y la pregunta más importante será: ¿quiénes tienen mejores posibilidades de que la balanza juegue a su favor?

Ahí es donde los impartidores de justicia salen raspados y los ciudadanos lastimados, porque cada vez se cree menos en que existe una impartición equitativa –punto intermedio entre dos polos– de la misma y porque cada vez en el grueso de la sociedad inevitablemente aparece la desilusión, la desesperanza, la incredulidad y la falta de confianza en las instituciones que pagan el precio de una interpretación miope o a modo de la aplicación sin distingos de la ley.

Usted seguramente podría contar, si abriéramos un foro, una situación, hecho o problema en el que se vio inmiscuido y al momento las instancias legales –procuraduría, la que quiera, Ministerios Públicos, Ayuntamientos, Seguridad y cualquier sitio donde se dirime una situación legal– han solucionado la problemática en cuestión.

Insisto, no solamente son temas de peculado –robo del erario–, son denuncias que no son atendidas, escuchadas o investigadas en todos los ámbitos. En el plano laboral, administrativo, de seguridad, medioambiental, familiar, de equidad de género, problemas con vecinos, en la compra-venta de algún producto, automóvil, casa; accidentes, enfermedades, seguros o cualquier situación donde se pone en entredicho la reparación y retribución de daños causados por terceros.

El problema es que cuando los terceros, que casi siempre pasa, tienen mejores contactos que usted, por lo que quiera; amistades, mejor posición en la escala social o simplemente cinismo para poner a prueba el sistema judicial, aparece la famosa frase que decía don Álvaro Obregón (1920-1924): “en México, nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”.

Le pongo un ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 (inegi.org.mx) afirma que el 93.2 por ciento de los delitos cometidos en México simple y sencillamente no se denuncian. En Coahuila curiosamente es la misma cifra, en Nuevo León es el 94.6 por ciento. De los denunciados, sólo en el 67.3 por ciento de los casos se abre una carpeta de investigación. La mitad de quienes denuncian (50.8 por ciento) afirman que no pasó nada o simplemente no se continuó con la investigación.

Entonces aparece la pregunta de la ciudadanía: Denunciar, ¿para qué? ¿Para perder el tiempo? ¿Para que nos traigan vuelta y vuelta, por la extenuante tramitología? ¿Para poner en riesgo nuestra seguridad? ¿Para arriesgarnos a que nos extorsionen? ¿Para meternos en más problemas? ¿Para que no nos hagan caso? ¿Para que por falta de pruebas no se siga la investigación? ¡Uf! Esto es lo que las mismas autoridades han provocado, una falta de confianza generalizada.

Esa es la realidad de las entidades que imparten justicia en nuestro País, aunque se diga que es “rápida y expedita”, eso es lo que quien la imparte quisiera que pensáramos. Pero cuántas veces hemos sabido de liberaciones milagrosas que realizan jueces o impartidores de justicia donde argumentan o tuercen la ley a placer de quien tiene los medios. O simplemente aluden a enfermedades que de pronto surgieron para cumplir condenas en casa. Digo, ejemplos sobran. Simplemente, lo que vimos en esta semana, la liberación del exalcalde de Iguala.

Corrupción, impunidad, doble discurso, soberbia, cinismo y otras tantas linduras más es lo que caracteriza a la impartición de la justicia en México. Después de haber escuchado tantos discursos y compromisos firmados ante notario, ¿no creen que ya va siendo tiempo de que actúen conforme a lo establecido por la ley, sin distingos ni intereses?

John Rawls (“Teoría de la Justicia”, 1971), aunque es tachado de iluso y soñador por algunos sectores intelectuales, propone el principio de justicia como equidad a través de lo que él llama la posición original, donde el velo de la ignorancia ocupa un lugar esencial. La idea subyacente a esta propuesta se fundamenta en que, para garantizar la igualdad y la equidad –medidas cualitativas y cuantitativas de la justicia–, en una sociedad determinada es menester que los individuos no conozcan el lugar que cada uno de ellos ocupan en la misma. Probablemente, esa sea una buena salida para eficientizar la práctica de la justicia en nuestro País, de manera que la balanza se mantenga en equilibrio. Así las cosas.