Menos gasto y más inversión: ese es el reto para municipios

Gastar e invertir son dos eventos que requieren de la misma acción inicial: la erogación de un recurso. La diferencia estriba, sin embargo, en el efecto que tiene dicha erogación en uno y otro caso, pues cuando se gasta la erogación no produce ningún retorno mientras que cuando se invierte sí.

Dicho en otras palabras, el gasto solamente disminuye los recursos con que se cuenta, mientras que la inversión implica la mejoría de nuestros activos (infraestructura, equipo, maquinaria, capacidad productiva) lo que se traduce, en el mediano y largo plazo, en mayores ingresos.

La diferencia −que no es sutil− parece no ser comprendida −menos aún asimilada− en el caso de las administraciones municipales a la hora de establecer las prioridades en la ejecución del presupuesto público.

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la desproporción existente, en no pocos municipios de Coahuila, entre los recursos que se destinan al pago de salarios y prestaciones del personal, y los orientados a la ejecución de obra pública.

De acuerdo con la revisión que realiza la Auditoría Superior del Estado (ASE), durante el primer trimestre de este año el comportamiento anterior se mantuvo, a pesar de que algunos municipios realizaron ajustes a su estructura presupuestal y disminuyeron el gasto en nómina.

Con todo, municipios como Guerrero siguen destinando una altísima proporción de su presupuesto al pago de salarios. En el caso del citado municipio fronterizo, el reporte de la ASE consigna que, en el primer trimestre de 2022, el 73 por ciento de todo su presupuesto fue para el pago de servicios personales.

Como se ha comentado en ocasiones anteriores, resulta indispensable que, con respeto a la autonomía de los gobiernos municipales, se establezcan parámetros mínimos para ordenar el gasto público, pues en la medida en la que no se invierta en obra pública los municipios no pueden aspirar a mejorar su competitividad y eso aleja a sus habitantes del progreso.

Por otro lado, el que no exista límite para disponer de los recursos presupuestales para el pago de salarios y prestaciones también constituye una puerta abierta para que surjan −o se consoliden− prácticas de corrupción que convierten al tesoro público en un botín.

Valdrá la pena que en el Poder Legislativo se abra una discusión seria para explorar la posibilidad de reformar los ordenamientos que rigen la vida de los gobiernos municipales, a fin de introducir reglas que ordenen las finanzas de las administraciones y obliguen a destinar un porcentaje mínimo del presupuesto a la obra pública.

Porque indicadores como estos no pueden simplemente observarse y reseñarse de forma periódica sin que motiven, al menos, una reflexión respecto de lo que nos dice la estadística y las alertas que, eventualmente, deben encenderse a partir de ella.

Los gobiernos municipales no deben disponer libremente del presupuesto para el pago de salarios y prestaciones. Pero si no se les regula entonces lo seguirán haciendo