¿Cómo ‘lavan’ los corruptos mexicanos el dinero sucio?

En un mundo altamente regulado, en el que las actividades económicas se encuentran fuertemente vigiladas por los aparatos estatales, las prácticas de corrupción realizadas desde el sector público debieran ser sumamente difíciles de perpetrar o, si se prefiere, muy fáciles de descubrir.

Al menos en teoría, el conjunto de regulaciones que deben cumplir quienes tienen a su cargo la administración de los recursos colectivos debieran impedir que estos sirvan para generar fortunas privadas, pues el esquema de rendición de cuentas debería detectar, prácticamente de inmediato, cualquier desvío.

Pero incluso si las primeras barreras pudiera sortearse, los mecanismos de vigilancia sobre el sistema financiero tendrían que encender las alarmas y poner en marcha las estrategias para identificar, investigar y eventualmente castigar los intentos de utilizar el sistema bancario para blanquear los capitales ilegalmente obtenidos.

Porque ese es el gran reto de quien, desde el servicio público, pone en marcha una trama para beneficiarse económicamente de su posición: hacer que el dinero extraído de las arcas municipales, estatales o federales “parezca” provenir de actividades lícitas.

Por desgracia, como lo demuestra el reportaje que hoy publicamos en Semanario, a pesar de la existencia de múltiples mecanismos de vigilancia, tanto en relación con el gasto público, como en torno al sistema bancario, quienes intentan incrementar su patrimonio personal a costas del erario tienen altas probabilidades de lograrlo.

El seguimiento de dos operaciones federales realizadas en los Estados Unidos, Politico Junction y Green Tide, pone al descubierto cómo funcionarios públicos de cuatro entidades del país, entre ellas Coahuila, lograron –con relativa facilidad– establecer relaciones de complicidad con operadores bancarios en los Estados Unidos para blanquear unos 100 millones de dólares.

Se trata de una cantidad escandalosa en grado extremo. Pero también de una historia que deja claro cómo los grandes casos de corrupción en México siguen gozando de impunidad absoluta.

Frente a las evidencias que surgen a borbotones en los Estados Unidos, ¿no sería sumamente fácil que las autoridades mexicanas establecieran un mecanismo de colaboración con sus homólogos de allende el Bravo y armaran sólidos casos que terminaran en juicios y sentencias condenatorias?

¿Por qué cada vez se consolida más la impresión de que la corrupción de los funcionarios públicos mexicanos se investiga con mayor profundidad en el extranjero pero no aquí, donde se supone somos los primeros agraviados por los hechos denunciados?

Se trata de preguntas que nadie –al menos nadie en el aparato gubernamental mexicano– pareciera interesado en responder, lo cual obliga a realizar preguntas adicionales, pues la inacción local invita a pensar que la única razón detrás de esta “apatía” por combatir la corrupción en México es la complicidad.

¿Por qué cada vez se consolida más la impresión de que la corrupción de los funcionarios públicos mexicanos se investiga con mayor profundidad en el extranjero, pero no aquí?