DISPUTA POR EL PAÍS

Ante las expectativas que generó la Cuarta Transformación -sobre todo en las clases medias-, es obvio que la reconstrucción del País no se logra en tres años (este espacio no es suficiente para enlistar con cifras oficiales el número de fracasos y retrocesos heredados de los gobiernos neoliberales), lo cual redujo la votación por Morena como partido que respalda las políticas del presidente López Obrador, añádase la constante y permanente crítica -a lo que sea- de las cámaras empresariales y de la derecha política, académica y mediática.

Ante el agotamiento del modelo económico proteccionista, el cambio en la política económica -impuesta desde el Fondo Monetario Internacional- resultó en un Estado gerencial de mercado, es decir que se limitó el margen de maniobra de los gobiernos federales de derecha en las decisiones de impulso a la economía, dejando a “las fuerzas del mercado” el rumbo del país en materia económica.

Desde la perspectiva neoliberal, el abandono de las empresas paraestatales se debe a que el petróleo y sus derivados, así como la energía eléctrica, se consideran como productos de mercado, pero no recursos estratégicos, por tanto, dispuestos a la competencia, de ahí la reforma energética que favorece a las empresas privadas en el ramo energético, además de los contratos leoninos que implican corrupción a gran escala.

Aliados en las decisiones más importantes para el país –incluido el atraco llamado FOBAPROAEN treinta años el PRI y el PAN se ajustaron a la derecha ideológica, tanto que el partido católico afirmó que el partido de la revolución “le había robado el programa político”; en las elecciones estatales y municipales se permitió el juego en una “cierta democracia”, pero en las elecciones federales debía obtener el triunfo en la Presidencia de la República alternándose el poder ejecutivo (es conocido que, por ejemplo, Fox ha apoyado abiertamente al PRI y éste partido impulsando a Felipe Calderón -panistay con candidato prianista en las elecciones de 2018), pero sobre entre los dos partidos haciendo mayoría calificada en el poder legislativo. La reforma laboral de noviembre de 2012, que afectó negativamente a millones de trabajadores, y la reforma laboral educativa son ejemplo de lo anterior, como muchas otras decisiones.

Ahora, convocados por el poder económico a través de una supuesta ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos (MECI) y unidos formalmente (“fuera mascaras”) en coalición Va X México -arribismo del PRD-, lo que se demuestra es el proyecto de la oligarquía -privilegiada en más de tres décadas- de volver a controlar el País. La disputa por la nación es más salvaje.

Con cautela, manteniendo la estabilidad en las variables macroeconómicas (inflación, tasa de interés, tipo de cambio, déficit fiscal) -inclusive con estrategias neoliberales-, el gobierno federal ha asumido, contrariamente como promotor de un Estado soberano de responsabilidad social, de ahí su intervención en decisiones de política económica y social: el incremento salarial en más de 37% en tres años, la reactivación y modernización de 5 refinerías y de generadoras hidroeléctricas, además la construcción de la refinería Tres Bocas, el incremento de la pensión a adultos mayores y las becas a estudiantes de bachillerato y a niñas y niños discapacitados de familias pobres, los programas “sembrando vida” y de caminos rurales, “Jóvenes construyendo el futuro” en capacitación durante un año; redirección a la sociedad de la investigación científica y la innovación; la contra reforma a la reforma laboral educativa del sexenio anterior.

Se entiende por un régimen de gobierno el conjunto de normas y reglas, las cuales se sustentan en una determinada ideología y otorgan operatividad al rumbo político, económico, social y cultural de un país en un determinado lapso de tiempo. En palabras coloquiales el régimen es la perspectiva en que se toman las decisiones de gobierno y el ejercicio y manera en que se aplican.

En 36 años el régimen de gobierno fue el mismo, sólo alternancias en cuanto a partidos políticos en el poder ejecutivo. De acuerdo a sus decisiones y juicios (amparos y suspensiones de leyes constitucionales), en el Poder Judicial aún persiste la defensa e impulso del libre mercado, al que se debe ajustar el propio gobierno federal, independientemente si afecta el bienestar de las familias mexicanas.

Aparte de los privilegios fiscales y de asignación de obras y servicios, el poder económico y los partidos políticos de derecha arreciarán las críticas mediáticas en los próximos tres años, para detener reformas constitucionales y para retornar al anterior régimen. En 2024 lo que estará en juego es cuál de las dos perspectivas de Estado se posiciona en el ejecutivo y el legislativo. La sociedad mexicana decidirá el rumbo de la nación. La disputa por México persiste.

Algunas cifras oficiales del año 2018 (Inegi, Secretaría de Hacienda, Banco de México): deuda pública de 48% del producto interno bruto (10 billones (b) 200 mil millones de pesos (mil mdp) ); gasto corriente del gobierno federal 1 b 200 mil mdp; recaudación impositiva 16% del PIB; 62.4% de depreciación del peso en seis años; 53% de trabajo informal; pérdida de 60% del poder adquisitivo del salario en 30 años; 16 millones de trabajadores formales en esquema de subcontratación sin garantizar antigüedad ni seguridad social; crecimiento económico estancado en 2% promedio en 20 años; refinerías al 30% de su capacidad productiva; 55% promedio de importación de diésel y gasolinas en 15 años; desabasto de medicinas en hospitales públicos y déficit de especialistas en salud; corrupción en el sector público y privilegios a grandes empresas nacionales y transnacionales; más de 3 millones de jóvenes sin trabajo y sin estudio; 45 millones de personas en pobreza y 15 millones de éstos en pobreza extrema; inseguridad y colusión del crimen organizado con autoridades de seguridad; en 18 años, casi tres millones de personas migrantes a Estados Unidos; entre otras.